El Gobierno refuerza el poder de los núcleos duros y las familias en las cotizadas
Los accionistas históricos de las empresas cotizadas están de suerte. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha dado luz verde a las conocidas como acciones de lealtad, es decir, la posibilidad de que los accionistas con vocación largoplacista tengan un voto doble para aprobar las propuestas de las juntas generales. Esta medida, aunque es opcional para las compañías cotizadas, refuerza la posición de los accionistas históricos de estas empresas, que tendrán más facilidad para favorecer sus intereses.
El departamento que dirige Nadia Calviño pretende con esta medida atraer al mercado de valores español a empresas extranjeras y desincentivar el comportamiento cortoplacista o especulativo dando a los accionistas la posibilidad de tener el doble de poder en la compañía si se mantienen en ella un mínimo de dos años, según explican fuentes del Ministerio.
Sin embargo, la medida puede tener dos consecuencias a priori menos positivas para las empresas. Por un lado, favorece que los bloques históricos tengan más poder de voto, algo que cobra especial relevancia en las empresas cotizadas de mediano tamaño, muchas de ellas grupos familiares que podrán así blindarse aún más ante una opa.
Por otra parte, abre la puerta a que los fondos activistas que tienen participación en alguna compañía, los conocidos como proxy advisors, adquieran más poder de voto en las grandes empresas, especialmente en las del Ibex 35, algo que, muy posiblemente, no será de su agrado.
En todo caso, la decisión de que estas acciones de lealtad exista estará en la empresa. Será la compañía la que decida llevar a la junta esta posibilidad y los accionistas deberán dar su visto bueno con en torno a un 70% de apoyo (varía entre el 60% y el 75% dependiendo del quórum de la asamblea).
CERCO A LOS PROXY ADVISORS
Esta norma, que es la trasposición de una directiva europea, incluye otras medidas, como la obligación a las gestoras de fondos españolas (y las que tengan registrados en la CNMV fondos aunque sean extranjeras) a entregar una especie de informe anual en el que expliquen a sus inversores su política o filosofía de "implicación" en las sociedades en las que invierte.
Además, obligará a los proxy advisors o asesores de gobierno corporativo, las entidades que se dedican a asesorar a los inversores sobre cómo ejercer su derecho a voto en una junta de accionistas, entre otras funciones, a demostrar su fiabilidad publicando una vez al año determinada información sobre sus recomendaciones.
Concretamente, deberán informar sobre las características de sus métodos, las fuentes de información que utilizan, los procedimientos para garantizar la calidad de sus asesoramientos, la cualificación del personal que emite las recomendaciones, las políticas de voto que aplican a cada mercado, si mantienen conversaciones con las compañías sobre las que recomiendan y su política de prevención de conflictos de intereses. Así lo indica la normativa europea y lo hará la española.
Entre otras medidas, esta norma permitirá también a las cotizadas no publicar sus resultados trimestralmente y deberán hacerlo solamente semestralmente, aunque si deciden aumentar su periodicidad dependerá de ellas. Esta medida, según fuentes del Ministerio, hacerlo cada tres meses es una práctica "costosa" y particular del mercado español, por lo que es necesario alinearse con la normativa europea.
