El Gobierno lanza una consulta pública sobre la reforma de la tarifa regulada de la luz
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado una consulta pública sobre la modificación del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) de la factura eléctrica, más conocido como la tarifa regulada, tal y como han informado desde el departamento dirigido por Teresa Ribera en un comunicado.
El objetivo no es otro que recabar propuestas para reducir el impacto de la volatilidad de los precios del mercado mayorista de la energía en el recibo de los ciudadanos. Esta situación "ha motivado una reflexión" dentro del Gobierno sobre la configuración del PVPC, aunque insisten en que esto es algo puntual que no tendrá repercusiones en el largo plazo.
Esta volatilidad en los costes viene determinada por los periodos con mayor presencia de energía renovable en la generación eléctrica, que bajan su precio, y aquellos en los que, como ahora, tienen un mayor peso otras formas de obtención como la que se realiza con el gas, que dispara los costes.
"Por lo tanto, si se considera necesario reformular el PVPC, el MITECO invita a responder preguntas relativas a su estructura, la conveniencia de incluir referencias de precios de productos a plazo, la periodicidad más adecuada para su actualización, la necesidad de establecer un régimen transitorio para la nueva configuración o la oportunidad de mantener un PVPC dinámico para aquellos consumidores que así lo deseen", dicen en el comunicado.
La tarifa regulada fue aprobada en el Real Decreto 216/2014. Es un precio dinámico totalmente indexado al mercado mayorista de la electricidad que incluye, de forma aditiva, el coste de producción de la energía, los peajes de acceso y los cargos y costes de comercialización.
El PVPC solo lo pueden ofrecer las comercializadoras de referencia designadas por el Gobierno y 10,7 millones de consumidores, alrededor del 40% de todos los domésticos, están acogidos a él. Esta modalidad permite, además, que los consumidores se beneficien de los bonos sociales y tengan acceso a otras protecciones adicionales.
