CEOE y Cepymen muestran "preocupación" por incluir iniciativas de vivienda entre las medidas anticrisis

Desde la patronal dicen que son "ajenas a dicho contexto" y "fruto de una presión política incomprensible de una parte del Ejecutivo". En particular, expresan su "firme rechazo a las medidas que introducen nuevas limitaciones al mercado del alquiler, ya que suponen una injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada y generan una preocupante inseguridad jurídica".

"Advertimos de que este tipo de intervenciones, incorporadas en un paquete de carácter extraordinario vinculado a la crisis energética y económica derivada del conflicto, desincentivan la oferta, retraen la inversión y agravarán los problemas de acceso a la vivienda en lugar de solucionarlos".

Con todo, han señalado que, una vez se publique el texto en el Boletín Oficial del Estado, analizarán en detalle el alcance del conjunto de medidas y sus implicaciones económicas y jurídicas. "Reiteramos la necesidad de políticas públicas que refuercen la seguridad jurídica y se centren en los objetivos propios de la situación de emergencia, evitando planteamientos intervencionistas e ideológicos que ya han demostrado su ineficacia".

Por otro lado, desde Faconauto, y tras la aprobación de la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos electrificados y la instalación de puntos de recarga, han destacado que "la palanca fiscal es fundamental para conseguir que más ciudadanos se incorporen a la electrificación".

"La combinación de las ayudas directas previstas este año bajo el paraguas del Plan Auto+ con la deducción del 15% en el IRPF, aprobada hoy, tanto para la compra de vehículos electrificados como para la instalación de puntos de recarga, ha contribuido de forma clara al buen comportamiento de las matriculaciones y a consolidar una tendencia positiva que también se ha mantenido en el arranque de este año".

Además, desde Faconauto consideran que este tipo de incentivos son "clave porque actúan sobre dos de las principales barreras que todavía frenan la transición: el esfuerzo económico inicial y la percepción de falta de infraestructura vinculada al uso cotidiano del vehículo eléctrico. Reducir el coste de acceso al vehículo y, al mismo tiempo, facilitar la implantación de puntos de recarga en el ámbito privado ayuda a generar confianza, aporta certidumbre al comprador y acelera la renovación del parque. Por eso, defendemos un marco estable de ayudas e incentivos fiscales que haga la electrificación más accesible, más previsible y más cercana para los ciudadanos".