La CNMC investiga a 12 empresas por posible manipulación de licitaciones en obra civil en Cantabria

Las compañías investigadas supuestamente se habrían repartido diversas licitaciones de obra civil, edificación y otros servicios de construcción, convocados por diversos organismos públicos estatales, autonómicos y locales, así como por clientes privados, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. En concreto, habrían presentado ofertas ficticias para concurrir de forma concertada.

Así, el organismo ha detallado que estas compañías son Actividades de Seguridad Vial Cantábrico, S. L., Aglocan Servicios y Construcciones, S. L., Arruti Santander, S. A. (en liquidación), Cannor Obras y Servicios de Cantabria, S. L., Construcciones y Excavaciones Aníbal, S. L., Constructora Obras Públicas San Emeterio, S. A., Cuevas Gestión de Obras, S. L. U., Fernández Rosillo y Cía, S. L., Global Tektia, S. L., Palomera Obras y Proyectos, S. L., Rucecan, S. L. y Técnicos Asociados Minero Industriales, S. A.

El expediente también afecta a cuatro directivos de las siguientes empresas: Constructora Obras Públicas San Emeterio, S.A., Cuevas Gestión de Obras, S. L. U., Global Tektia, S. L. y Palomera Obras y Proyectos, S. L.

La manipulación de los contratos se habría realizado mediante acuerdos e intercambios de información comercialmente sensible. Se trata de prácticas contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

La CNMC inició el expediente sancionador tras analizar diversas licitaciones de obra civil, edificación y otros servicios de construcción convocadas por varias consejerías del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y ayuntamientos locales de la Comunidad Autónoma.

Entre 25 y el 27 de marzo de 2025, la CNMC inspeccionó las sedes de Constructora Obras Públicas San Emeterio, S. A., Palomera Obras Y Proyectos, S. L., Siecsa Construcción y Servicios, S. A. y Técnicos Asociados Minero Industriales, S. A.

El organismo también ha indicado que una de las prioridades de actuación es la investigación de los cárteles por la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.

"El Programa de Clemencia es uno de los instrumentos de que dispone la CNMC y permite a las empresas integrantes de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten su detección. Además, a las empresas que se acojan a este programa no les sería de aplicación la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, si resultaran finalmente sancionadas".

Con todo, cabe señalar que incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su resolución.