Cómo pueden las listas de antimorosos democratizar el crédito de la banca
Imagínese un sistema financiero en el que al pedir un crédito su banco conociera de primera mano no ya si es usted moroso, como ocurre ahora, sino si es un buen pagador y, por tanto, buen candidato a recibir la financiación. Es decir, que su nombre apareciera en una lista de buenos pagadores y le fuera más sencillo solicitar un préstamo. El banco, además, se aseguraría de no conceder un crédito a quien no va a poder afrontarlo, con la consecuente reducción de la mora y sus beneficios para la estabilidad financiera.
La premisa suena bien, aunque implica potenciales riesgos para el sistema, como convertirlo en un entorno en el que las personas sin historial financiero o con dificultades económicas se vean discriminadas a la hora de recibir un crédito. Con todo, el sector bancario espera con ganas la llegada a España de este modelo de ficheros de información completa o ficheros positivos de solvencia.
Actualmente, el Banco de España cuenta con la CIRBE, la Central de Información de Riesgos, que, aunque rechaza convertirse en “un registro de morosos”, ofrece a las entidades todos los meses la información de qué clientes sobrepasan un riesgo de 9.000 euros. Además, los bancos pueden pedir al supervisor la información de cualquier persona que les solicite una operación de riesgo, como un crédito o una hipoteca.
Ahora se plantea que exista un registro similar, pero en positivo. “Con este sistema, el acceso al crédito se puede democratizar todavía más”, explicaba Teresa García, responsable de Operaciones de Financiación de ING España, en una jornada organizada esta semana por Apie y el Consejo General de Economistas. Contar con ficheros positivos, que sería lo contrario a una lista de morosos, permitiría evaluar mejor y más rápido la solvencia de un cliente que busca una operación de financiación en un banco.
MEJOR PARA LAS PYMES
Sería el caso de cualquier particular, pero también de las pymes y las micropymes, un colectivo en el que “las asimetrías en la información [financiera] son más relevantes”, de acuerdo con Ángel Berges, vicepresidente de Afi. En su opinión, aunque en la actualidad “en España no hay un problema de restricción crediticia”, este sistema permitiría “una mayor discriminación de precios”. Berges cree que este sistema coadyuvaría a la estabilidad financiera al mejorar las condiciones de concesión de los créditos, pues “cualquier error” en esta materia “se paga caro”.
De acuerdo con los datos de Afi, la implantación en España de ficheros positivos de solvencia contribuiría a incrementar el flujo de crédito nuevo hacia pymes y autónomos en un 20%, lo que supone unos 30.000 millones de euros más al año, y a reducir la tasa de mora en este segmento hasta en 1,3 puntos.
La principal ventaja de este sistema es que permite evaluar correctamente la solvencia del cliente que va a recibir el crédito, una cuestión de extrema importancia para que las entidades financieras no repitan los errores del pasado.
En la gestación de la burbuja de las hipotecas subprime, los bancos no analizaban la capacidad de pago de los clientes, sino solamente el valor de los colaterales que aportaban como garantías para recibir el préstamo, “que se suponía que iba a ir creciendo”, como explicaba Fabrizio Fraboni, representante del Banco Mundial. Hacían con ellos lo contrario a lo que buscaría el sistema de los ficheros positivos, porque les concedían créditos a pesar de considerarlos de alto riesgo (subprime).
Para evitar esta clase de errores, en Estados Unidos se implantó este sistema, que también funciona en otras geografías, como Australia, Nueva Zelanda, Italia, Austria, Alemania, República Checa, Suecia, Dinamarca, Holanda, Canadá, México, Colombia o los países nórdicos, y en otros mercados, como Rusia, Kazajistán o Sierra Leona.
En estos países, lo que demuestra la experiencia es que los ficheros que mejor funcionan son los que resultan de una combinación de gestión pública y privada, como explica Fraboni y apoya Fernando Tejada, director del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, que cree que, de implantarse en este país, "podrían convivir un registro centralizado y otros privados”.
García, de ING, cree que no es tan importante si la gestión es privada o pública como que “exista el acceso regulado y controlado a la información”, aunque Patricia Suárez, presidenta de Asufin, aboga por que estos datos estén en manos del Banco de España, como lo está la CIRBE.
LA CRUZ DE LA MONEDA, LA EXCLUSIÓN FINANCIERA
Sin embargo, si existe un inconveniente a este sistema es el efecto que pueda tener en la inclusión financiera. Lo reconocen desde posiciones tan diferentes como las del Banco de España y Asufin. “La generalización de los ficheros con visión holística puede tener inconvenientes en términos de inclusión financiera por las personas que no tienen un track record previo. Nos preocuparía que [el sistema] discriminara en exceso el acceso al crédito”, apuntaba Tejada desde el supervisor.
El sistema funciona en países como EEUU, Australia, Nueva Zelanda, Italia, Austria, Alemania, República Checa, Canadá o los países nórdicos
Por su parte, desde la asociación de usuarios temen que la gente joven, que no tiene un historial financiero, o la inmigrante, que puede tenerlo en otro país, tenga problemas para demostrar “que son responsables”. Este último escollo podría resolverse contando con un sistema global o, al menos, paneuropeo que recoja la información positiva de los usuarios.
Desde el punto de vista de los bancos, existiría otro inconveniente, como resumía García, de ING España. “Si yo tengo un buen cliente y doy esa información a otro banco me lo podría robar”, explicaba sobre esta dificultad que, según dijo, puede tornarse en positiva al mejorar la transparencia. Además, los bancos deberían esforzarse por retener al cliente con un mejor tratamiento.
Este sistema de ficheros positivos o de información completa, en todo caso, debería estar bien regulado, tanto en cuanto al acceso a la información (¿podrían consultarlo solo bancos o también empresas como telecos o utilities?) como en su custodia (¿debe gestionarlo un ente público o uno privado?). Y, por supuesto, debe asegurarse su encaje en la normativa tanto europea como española, como explicó Josep Miquel Peris Fibla, de Sabadell.
Este sistema aún no existe en España, pero en el sector ya empiezan a reflexionar sobre su utilidad. También lo hace el Ministerio de Economía, que aún no se ha puesto a trabajar con los agentes implicados para crear una norma que lo ponga en marcha. El proyecto, por el momento, está en el cajón.
