La plantilla teme "listas negras" en Santander si faltan voluntarios para el ERE
Los sindicatos continúan negociando con Santander las condiciones del segundo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la entidad va a poner en marcha por la integración de Popular. El criterio principal es la voluntariedad, pero, si no se consigue que suficientes trabajadores cubran las 3.713 bajas, los sindicatos temen que la entidad haga “listas negras” para acometer despidos forzosos.
La entidad realiza cada año una evaluación de desempeño de sus trabajadores, que es la que se utiliza para valorar el abono del bonus que perciben. De acuerdo con fuentes sindicales, el banco está dispuesto a utilizar sus resultados como baremo en el caso de que sea necesario hacer despidos forzosos para cumplir las bajas del ERE, aunque el criterio que prima en la negociación es el de la voluntariedad.
“Usar el ranking de la evaluación como criterio es poco menos que hacer listas negras y eso contraviene el acuerdo de fusión y la renuncia a las medidas traumáticas y la paz social”, denuncia CCOO.
Por su parte, UGT considera “subjetivo” utilizar como criterio de selección la evaluación de desempeño. Ambos critican que esta valoración no ha sido consensuada con la representación de los trabajadores, que desconoce los parámetros que utiliza la empresa.
Entidad y sindicatos han celebrado ya tres reuniones dentro del periodo formal abierto para la negociación de este ERE, que afectará, en principio, a 3.713 empleados (el 11% de su plantilla en España) como consecuencia del cierre de 1.150 sucursales (el 26% de su red comercial total).
MENOS MUDANZAS A LARGA DISTANCIA
En la última reunión, el banco ha mejorado las condiciones propuestas inicialmente al eliminar la posibilidad de mover a trabajadores a más de 100 kilómetros de su puesto actual. En un primer momento, contemplaba que las movilidades fueran de hasta 400 kilómetros y para ello había propuesto primas de entre 6.000 euros y 9.000 euros al año para los trabajadores afectados por movilidades.
Para los empleados que tengan que moverse entre 76 y 100 kilómetros de su actual puesto de trabajo, ofrece una prima única de 6.000 euros más el coste del kilometraje durante seis años, pero si el desplazamiento es entre islas, el abono será de 9.000 euros al año durante ocho años, que se percibirán en doce pagos.
Para desplazamientos de menos de 75 kilómetros, la compensación será el pago del coste del kilometraje, a razón de 0,19 euros por kilómetro durante cuatro años para distancias cortas y cinco para más largas. Si el traslado es de 26 a 50 kilómetros, se percibirá, además, el pago de 2.500 euros, que ascienden a 3.500 euros si es de 51 a 75 kilómetros.
Santander, que quiere cerrar la negociación del ERE antes de agosto para poder aplicarlo antes de que termine 2019, justifica su necesidad alegando causas organizativas y productivas. En concreto, achaca la necesidad de recortes a las duplicidades que implica en la red la integración de las oficinas de Popular y a los retos de la digitalización y sus consecuencias en la relación de la entidad con los clientes.
Se trata del segundo ERE que Santander pone en marcha tras la integración de Popular. El primero tuvo lugar en 2017, poco después de hacerse con el banco, y afectó a 2.592 empleados, el 17% de su plantilla total. De ellos, 1.465 trabajadores mayores de 55 años abandonaron el banco mediante prejubilaciones, mientras que el resto, 1.127, salió a través de bajas voluntarias o indemnizadas.
