Duro Felguera se dispara tras comprar Indra una de sus plantas para hacer blindados
Duro Felguera se ha disparado un 15,26% este viernes en el Mercado Continuo después de que Indra haya acudido al rescate de la compañía con la compra de El Tallerón, una de sus fábricas en Gijón dedicada a la construcción de blindados.
Era el propio Ángel Escribano, presidente de la multinacional de defensa, quien avanzaba la operación ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados. "Nosotros vamos a comprar otra factoría grande que es la de Duro Felguera y rescataremos a esas 150 personas", aseguraba durante su comparecencia.
El directivo también aprovechó su alocución para comunicar la creación de una nueva filial de vehículos terrestres, Indra Land Vehicles, que será el motor de crecimiento industrial de la compañía, cuyas capacidades de fabricación quiere recuperar "para volver a convertir a Indra en una compañía con capacidad de abordar todo el proceso de diseño, producción, montaje, integración de sistemas, puesta a punto, entrega y mantenimiento".
Con todo, la transacción de Indra da un ligero respiro a Duro Felguera, ya que el taller de calderería pesada es su mayor foco de pérdidas en la actualidad.
La empresa asturiana también ha celebrado el bolsa la autorización concedida este miércoles, por parte del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, de una prórroga del preconcurso de acreedores durante un plazo adicional de tres meses.
Esta decisión llega en un momento en que Duro Felguera está inmerso en negociaciones con la compañía argelina Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) para buscar una solución en el litigio abierto por la central térmica de ciclo combinado de Djelfa.
De hecho, varios directivos de la cotizada asturiana se trasladaron a Argelia para negociar con Sonelgaz el bloqueo del proyecto de Djelfa, por el que la energética estatal argelina exige una indemnización de 413 millones a Duro Felguera.
La reclamación de la firma argelina llegó después de que Duro Felguera anunciara el pasado mes de junio la suspensión de los trabajos de la central, un contrato firmado en 2014 por 544 millones de euros, "ante la necesidad de ajustarlo a la realidad concurrente". Tras la solicitud del arbitraje, la compañía asturiana se vio obligada a dotar una provisión de unos cien millones de euros, lo que le obligó a volver a expresar las cuentas anuales de los ejercicios 2022 y 2023, y a reformular los estados financieros del primer semestre de 2024.
