CNBC lleva a portada el impuesto del 100% que planea España sobre las viviendas compradas por extranjeros
Este martes, CNBC lleva a portada el impuesto del 100% que planea España sobre las viviendas compradas por extranjeros extracomunitarios no residentes.
Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daba a conocer varias medidas enfocadas a intentar solucionar el problema de acceso a la vivienda en nuestro país.
Entre estas medidas, adelantaba la intención de incrementar la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble, en línea con países como Dinamarca o Canadá, con el objetivo de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes.
En CNBC destacan que imponer un impuesto del 100% a las viviendas compradas por residentes no pertenecientes a la Unión Europea, sería una forma de abordar "una arraigada crisis de vivienda en el país" en un contexto en el que "los compradores extranjeros y el turismo masivo contribuyen a las presiones sobre la vivienda".
Y aluden a las propias palabras que dijo Sánchez en la presentación de estas nuevas medidas, subrayando que "los no residentes en la Unión Europea compraron 27.000 pisos en España (en 2023). Lo hicieron no para vivir, sino para especular, para ganar dinero con ellos, algo que en un contexto de escasez no nos podemos permitir".
También afirmó que "el Gobierno de coalición progresista siempre ha abrazado la inversión extranjera, pero queremos que sea productiva, que incentive la innovación y genere nuevos empleos, no que sirva para la especulación, como si fuera un activo financiero o un depósito bancario", recogen en CNBC.
De igual manera, señalan que Sánchez "no proporcionó más detalles sobre cómo funcionaría el impuesto a los compradores de viviendas no pertenecientes a la Unión Europea ni dio ninguna indicación de cuándo dichas propuestas podrían presentarse al parlamento para su aprobación".
Para CNBC, la escasez de viviendas, el aumento de los precios y una fuerte percepción de que los propietarios de viviendas de vacaciones y los alquileres vacacionales están agravando el problema han provocado una fuerte reacción pública en España, así como malestar en los puntos turísticos de la costa sur, las Islas Canarias y en ciudades como Barcelona y Alicante.