El Gobierno puede mantener los ERTE, ICO y moratorias si no se alarga el estado de alarma
Al Gobierno se le complica sacar adelante una nueva prórroga del estado de alarma. La negativa a aprobarlo por parte del PP ha provocado el temor de que España ponga fin a esta situación excepcional y lo que ello pudiera ocasionar. Sobre todo, si las medidas económicas aprobadas durante esta crisis, tales como moratorias, créditos ICO o los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), pueden acabar de un día para otro. Para evitarlo, el Gobierno puede aprobar un Decreto-ley, pero tendrá que hacerlo antes del 11 de mayo.
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha advertido al líder del PP, Pablo Casado de que esa actitud puede llevar a España al "caos sanitario y económico", asegurando que el fin del estado de alarma, además de las consecuencias en la salud de toda la población, acarrearía que no se siguieran prorrogando las ayudas que se ha puesto en marcha específicamente para los sectores más afectados por la crisis del Covid-19.
Una de ellas son los ERTE, que "ya no quedarían amparados por la causa de la fuerza mayor" que obliga a ciertos sectores a parar o limitar su actividad comercial, como ha destacado el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos. "Si es el Estado el que dice que no se puede trabajar, debe compensar por ello. En caso contrario, el Estado puede aliviar la situación de los afectados, pero ya no será por una causa de fuerza mayor, porque ya no es responsabilidad del Estado", detalla, pidiendo a quienes están en contra de este amparo jurídico que lo expliquen "y, si se les ocurren, proponer alternativas".
En caso de no lograr los apoyos suficientes para sacar adelante un nuevo estado de alarma "pueden aprobarse medidas económicas, pero no de la dimensión y la entidad de las que ampara el decreto que lo declaró", ha añadido el ministro. Desde diferentes sectores confían en que el Gobierno "no dejará a nadie tirado", señala el decano del Politólogos y Sociólogos de Cataluña, Jordi Pacheco Canals, que explica que, en este caso, la continuación de esta y demás medidas se arreglaría mediante la aprobación de un Decreto-ley. Algo para lo que aún tendrían tiempo, ya que el actual estado de alarma está vigente hasta el 10 de mayo, aunque, eso sí, habría que convocar un Consejo de Ministros extraordinario.
Similar es la apreciación que aporta el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, que cree que sería "imposible" dejar sin efecto todas las ayudas aprobadas en materia económica, puesto que se pueden hacer cambios legislativos para que siguieran en funcionamiento. No obstante, pide responsabilidad a los grupos políticos en sus actuaciones, puesto que "nos estamos jugando una parte muy importante del esfuerzo de los próximos años".
Otras medidas que también se encuentran supeditadas a la vigencia del estado de alarma son la prohibición de cortar los suministros del hogar, como la luz o el agua, durante este periodo, o la moratoria hipotecaria y las ayudas al alquiler. De esta manera, el Gobierno tendría que actuar con rapidez y lanzar nuevos decretos en el caso de que se requiera mantener las ayudas a colectivos vulnerables.
