La banca española estalla contra el impuesto y "valora acciones legales"

"Las asociaciones AEB y CECA consideran que la decisión de crear un nuevo impuesto bancario afecta al crecimiento económico, y en caso de aprobarse en los términos anunciados, no descartan acudir a los tribunales puesto que subsisten algunos de los vicios de inconstitucionalidad del actual gravamen en vigor", han afirmado en un comunicado.

PSOE, Junts y PNV acordaron este martes extender tres años, hasta 2028, el impuesto sobre los intereses y comisiones de las entidades financieras, cuya vigencia expiraba el 31 de diciembre de este mismo año. El anuncio llegó por parte de la formación vasca, quien anunció que había acordado que las haciendas forales pudiesen gestionar el tributo y también para hacer caer el impuesto a las compañías energéticas.

A través de una enmienda al proyecto de ley para crear un impuesto mínimo global del 15% a grandes multinacionales, el Grupo Socialista transforma lo que era una prestación patrimonial de carácter no tributario en un impuesto.

En un escueto escrito, AEB y CECA advierten que este gravamen "merma el crédito" a familias y empresas, especialmente a las pymes, que "suponen el soporte del tejido productivo español y la base de creación de empleo". Ambas asociaciones bancarias subrayan su "rotundo rechazo" a un impuesto que consideran "discriminatorio" y que "estigmatiza y perjudica la solvencia y competitividad "de los bancos españoles.

"El sector recuerda que, en un contexto de tensión geopolítica global y en el que España al igual que Europa enfrenta la necesidad de inversiones millonarias, la financiación bancaria es imprescindible para que se puedan acometer", agregan AEB y CECA.

Según CECA y AEB, el gravamen del Gobierno es "contrario a las recomendaciones de organismos internacionales" como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE). De hecho, ambas asociaciones recuerdan que España ha sido el único país que ha creado un impuesto adicional de estas características sobre el margen bancario.

"La banca española sigue trabajando diariamente para cumplir su función en la dinamización de la economía y la fluidez del crédito, y para asegurar la protección de sus clientes y accionistas", sentencian.

CRÍTICAS EXPLÍCITAS

La respuesta de AEB y CECA no debería coger a nadie por sorpresa. En los últimos días, diferentes ejecutivos de los principales bancos españoles no han dudado en mostrar su rechazo a este impuesto, aprovechando sus comparecencias públicas con motivo de las publicaciones trimestrales de resultados de las entidades bancarias.

La primera en posicionarse fue Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter, que aprovechó que la empresa presentó sus cifras el pasado 24 de octubre para dar su opinión sobre el impuesto: "No nos gusta y es discriminatorio, incluso aunque cumpla la normativa. Si consideramos que no se ajusta a la Ley, lo recurriremos porque es nuestra obligación defender los intereses de nuestros accionistas".

"El impuesto a la banca, tal y como está redactado, tiene grandes deficiencias técnicas y legales que hay que solventar", agregó.

Este jueves han sido Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, y Onur Genç, su homólogo en BBVA, los que han criticado con dureza el impuesto. Por un lado, Genç no ha dudado en asegurar que el gravamen es "anticompetitivo", "discriminatorio" y "malo para España", ya que "se va a obstaculizar el crecimiento del país" al atacar a la capacidad de los bancos para conceder créditos.

"Los próximos años pueden ser dorados para España, y estamos quitando capacidad de inversión a los bancos justo en el momento que más se necesita. Vamos a competir en una situación de desventaja con los bancos extranjeros. Estamos compitiendo contra otras empresas y se está generando un entorno de competencia desleal", ha apuntado el ejecutivo turco.

Por su parte, Gortázar ha ido más allá y ha asegurado que este impuesto, "tal y como está planteado, consagra y exagera la discriminación entre las entidades financieras en España". "Ahora el impuesto se hace progresivo y obliga a las empresas más grandes a pagar más. Nosotros somos la entidad más grande en España y por eso podemos llamar a este impuesto la tasa CaixaBank. Nos perjudica a nosotros notablemente y tengo la sensación de que esto no está bien pensado", ha afirmado el CEO de CaixaBank.

Gortázar también ha advertido que este efecto afectará a la concesión de crédito y ha anticipado que "tendrá efectos para la inversión a largo plazo" en el país. "No se está apreciando bien el daño que se está haciendo a la economía", ha subrayado el primer ejecutivo de CaixaBank, quien, al igual que Genç, ha pedido a los políticos que se "reconsidere". Asimismo, ha advertido que "si consideramos que no se ajusta a derecho, lo recurriremos".

Héctor Grisi, consejero delegado de Banco Santander, puso este lunes cifras al impacto que tendría en el crédito: 50.000 millones de euros menos. "Nuestra postura siempre ha sido la misma, y es que es negativo para la economía y perjudica el crecimiento. Nos pone en desventaja frente a otros bancos europeos y reduce la confianza de los inversores. Si el Gobierno quiere aumentar la recaudación tributaria, es mucho mejor que fomente el crecimiento económico y fomente la inversión y la concesión de crédito", explicó el ejecutivo del banco cántabro durante la presentación de resultados de la entidad.

Cuestionado sobre posibles cambios en su diseño, el CEO de Santander apuntó que es un gravamen "mal estructurado". "Es un impuesto no a los beneficios, sino a los ingresos. Está mal estructurado. Si lo nuevo va sobre esas mismas bases, es completamente erróneo, porque en un ciclo económico malo, nos puede golpear. No hay ningún país del mundo que tenga previsto imponer un impuesto sobre los beneficios de la banca más allá de 2024", explicó, al tiempo que aseguró que la entidad no sacará ningún negocio fuera de España.